Gestor de Notas de Prensa

La Paz, 2 de abril de 2019.- La Defensoría del Pueblo pidió a los gobiernos departamental y municipal de La Paz, no politizar el problema de la basura que afecta a la ciudad de La Paz, y dar una respuesta altamente técnica en el marco de lo que establece la Ley 755 de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

La Defensoría del Pueblo emitió una Resolución Defensorial en la que señala que trabajadoras sexuales del local “Casa de Senet”, ubicado en la zona Piñami Chico del municipio de Quillacollo, fueron víctimas de violencia institucional, estigmatizadas, afectadas en su dignidad, privacidad e imagen y en su derecho al trabajo. Responsabiliza de excesos y agresiones en contra de ellas, a efectivos de la Policía Boliviana, a una Concejala municipal y funcionarios  ediles.

Con el objetivo de incidir en la ratificación del Acuerdo Regional Sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, “Acuerdo de Escazu”, y de promocionar su contenido con la sociedad civil,  Organismos No Gubernamentales, organizaciones sociales y Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, la Defensoría del Pueblo inició en Cobija su socialización, proceso que abarcará todo el país.

Miembros de los pueblos indígenas Yaminahua  y Machineri del departamento de Pando, el pasado jueves, recibieron información sobre el proyecto de Ley Departamental para la Prevención, Protección y Fortalecimiento de los Yaminahua, Machineri, Esse Ejja y el Pueblo No Contactado Pacahuara, elaborado y propuesto por la Defensoría del Pueblo.

Las concejalas Z.M.M. y L.T.V.V. del municipio de Papelpampa, en la provincia paceña de Sica Sica,  que fueron víctimas de violencia y acoso político al ser alejadas de los cargos que ocupaban como Presidenta y Vicepresidenta del Concejo Municipal, respectivamente, ganaron un amparo constitucional en el que la Defensoría del Pueblo intervino como tercero interesado y logró que el Tribunal de Garantías, durante una audiencia realizada este jueves, concediera la tutela y ambas autoridades ediles puedan ser restituidas en sus cargos. 

La Defensoría del Pueblo, la noche de este miércoles, rindió un homenaje a Luis Espinal Camps recordando los 39 años de su asesinato, en un acto emotivo en el que se reconoció a Isabel Viscarra y al padre Xavier Albó, por su lucha emprendida en defensa de los derechos humanos y su compromiso en el trabajo que impulsó el sacerdote jesuita que llegó a Bolivia en 1968.

 La Defensoría del Pueblo, como resultado de la investigación realizada en el caso de la ciudadana brasileña E.C.A., quien denunció ser víctima de agresión sexual en celdas policiales, halló indicios de que habría sido víctima de trata de personas con fines de explotación sexual, por lo que pide al Ministerio Público iniciar una investigación por este delito, además de los delitos de violación, vejaciones, tortura y aborto sin consentimiento.

En respuesta y cumplimiento a la determinación de la Defensoría del Pueblo, la Caja Nacional de Salud de Sucre suspendió al médico J.N.M., jefe interino del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Obrero “Dr. Jaime Mendoza”, para iniciarle un proceso administrativo por negarse a realizar la interrupción legal del embarazo de la ciudadana P.A.A.

Ante la gravedad del caso de la adolescente de 14 años, víctima de violencia sexual por parte de sus hermanos y que se encuentra embarazada de aproximadamente ocho meses, la Defensoría del Pueblo intervino y gestionó de forma directa ante la Responsable de la Unidad de Asistencia Social y Familia del SEDEGES, el ingreso de la menor al centro de acogida Calor de Hogar; y coordinó que reciba asistencia especializada.

 Personal  de la Defensoría del Pueblo, este domingo,  se reunió con autoridades de la Dirección Nacional de Migración para conocer la situación de 15 ciudadanos venezolanos que fueron trasladados a oficinas de la Dirección Nacional de Migración porque estarían de manera irregular en el país, y verificar que se respete el debido proceso y el cumplimiento de lo que dispone la Ley 370  de Migración y el Decreto Supremo 1923 en cuanto a la salida obligatoria de personas extranjeras del territorio nacional.