Defensoría del Pueblo exige aplicación del protocolo de Minessota en investigación de muerte de privado de libertad en Bermejo

Tarija, lunes 08 de enero (UCOM/DDT).- La aplicación del protocolo de Minessota en la investigación de la muerte de un privado de libertad de la carceleta de Bermejo es lo que exige a las autoridades competentes, la Defensoría del Pueblo, en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de Bolivia. 

El domingo 7 de enero, la Defensoría del Pueblo abrió el caso sobre el deceso del ciudadano Luis Fernando Benítez Nieves de 30 años de edad, privado de libertad en el centro penitenciario bermejeño. En primera instancia acompañó a la familia para realizar la denuncia, luego hizo seguimiento a la revisión médico forense, así como el procedimiento de la autopsia llamada por ley.

“Lamentamos la triste noticia y expresamos nuestras condolencias a la familia del privado de libertad. Exigimos a las autoridades que investigan el caso a aplicar el Protocolo de Minnesota, que es un instrumento internacional que tiene como fin determinar una investigación eficaz en el presente caso donde se trata de una persona que estaba bajo la custodia del Estado”, dijo la Delegada Defensorial Departamental de Tarija, Cecilia Bolívar.

Remarcó que la exigibilidad fue expresada en un pronunciamiento oficial que hizo la institución defensorial donde se remarca la importancia del protocolo, así como la participación activa de la familia y sus representantes legales en el proceso de investigación.

“Rechazamos todo tipo de violencia que amenaza la integridad y la vida, dentro o fuera de un centro penitenciario, es un derecho universal y su impedimento, se constituye en un hecho grave que merece una atención inmediata y una exhaustiva investigación”, enfatizó Bolívar.

Bolívar informó que la Delegación Defensorial a su cargo, realiza el acompañamiento de los procesos investigativos que hace el Ministerio Público, el Tribunal Departamental de Justicia y otras autoridades, así como lo establece la Ley 870, a fin de velar por el acceso a la justicia y evitar la dilación del debido proceso.

“Exigimos a las autoridades competentes realizar una pronta y oportuna investigación y juzgamiento transparente e imparcial”, concluyó la delegada defensorial.