Defensores del Pueblo de Bolivia y España abordan debate para fortalecer el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

La Paz, 19 de enero (UCOM/DPB). – Tras la iniciativa del Defensor del Pueblo de Bolivia, Pedro Francisco Callisaya Aro y la recepción positiva del Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo Pujol para compartir experiencias entre instituciones homólogas, el pasado jueves 18 de enero se llevó a cabo el Taller “Hacia la construcción del nuevo diseño institucional del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Bolivia”,  en el que se realizó un debate técnico orientado a abordar los retos institucionales de la Defensoría del Pueblo de Bolivia en la lucha contra la tortura, tomando como base a la normativa internacional, la experiencia comparada y el contexto boliviano.

El evento contó con la participación, en modalidad virtual, de Fernando Herrero Camps, Director del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de España y el experto internacional en el estudio de la tortura psicológica, Dr. Pau Pérez-Sales.

Ambos expertos compartieron la experiencia del Defensor del Pueblo de España en su actuación como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, donde se abordaron temas de organización, funcionamiento y hallazgos desde la investigación científica de la tortura.

Bolivia ratificó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes a través de la Ley N° 1939 de 10 de febrero de 1999, y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, a través de la Ley N° 3298 de 12 de diciembre de 2005.

A través de estos tratados nuestro país está obligado a contar con una instancia independiente que examine periódicamente el trato y las condiciones de vida de las personas privadas de libertad o en custodia del Estado. En este sentido, con la aprobación de la Ley N° 1397 de 21 de septiembre de 2021, la defensoría del Pueblo de Bolivia se constituye como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, lo que le permite ingresar a todos los lugares donde se encuentren personas con alguna limitación hacia su libertad, examinar sus condiciones de vida y emitir recomendaciones y asesoramiento para reducir los riesgos de hechos de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

La Defensoría del Pueblo de Bolivia continuará trabajando para fortalecer su lucha contra la tortura, apoyada en la evidencia y desde un enfoque preventivo, que busca sobre todo entender la complejidad del fenómeno y avanzar en soluciones sobre la base del diálogo constructivo con el Estado.