Oficina - Beni

12 de abril de 2024

La Defensoría del Pueblo manifiesta su total repudio al acoso y violencia política del cual es víctima la Presidenta del Concejo Municipal de Santa Rosa de Yacuma, Guadalupe Blanca Huayua Cuenta, a quien se le estaría restringiendo arbitrariamente sus atribuciones como autoridad electa, despidiendo a su personal de confianza para dejarla sin apoyo técnico, obstaculizando la instalación de sesiones, restringiendo su salario, no respondiendo a sus peticiones, denigrándola y amenazándola para provocar su renuncia.

La Declaración sobre Violencia y el Acoso Político contra las Mujeres, adoptada durante la VI Conferencia de Estados Parte de la Convención de Belém do Pará, el día 15 de octubre de 2015, llama la atención a las múltiples manifestaciones de acoso y violencia sufridas por las mujeres en el ámbito de la política, y hace un llamado para prevenir, atender y sancionar estos delitos.

En nuestro país, el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y la prevención del AVP están garantizados en la CPE, en los artículos 8.11,11.I y 26.1 que establece que el Estado se sustenta en “valores de Igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación”, adoptando para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres", siendo en ese sentido la participación equitativa y en Igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.

La institución defensorial, en cumplimiento a su mandato constitucional de defensa de la sociedad, está realizando el seguimiento del caso y gestionando que se cumplan con los protocolos y líneas de intervención, habiendo realizado el acompañamiento a la denuncia al TED, instancia que elabora un acta para el desarrollo de las acciones investigativas del Ministerio Público.

Es importante considerar que en aquellos casos donde concejales municipales sufran violencia o acoso político por el ejecutivo municipal, los informes psicosociales deberían ser realizados por instancias neutrales y no por instancias dependientes del alcalde, como los SLIMs.

Por lo expuesto, se exhorta a las Instancias competentes, entre ellas al Ministerio Público a realizar las investigaciones correspondientes para adecuar el tipo penal acorde a la normativa, vigente (148 Bis. Acoso Político contra mujeres y 148 Ter Violencia Política contra mujeres del Código Penal en su modificación con la Ley N°243), y sancionar a los agresores. En la misma línea, exhortamos también al Comando Departamental del Beni para que en el marco de sus competencias reúna los elementos necesarios de investigación para estos y otros posibles delitos.

La Defensoría del Pueblo, continuará con el seguimiento del caso, realizando las acciones necesarias para verificar el cumplimiento de las instituciones que forman parte de la investigación.

Beni, 12 de abril de 2024.